La Generalidad de Cataluña está preparando un 'anteproyecto de ley

El anteproyecto de Ley establece que para reunirse en un local 'con
fines religiosos', el local necesitará una licencia. Y la licencia, la
dará (o quitará) el ayuntamiento. Y esta licencia el ayuntamiento
puede retirarla cuando quiera y a quien quiera.

Una vez aprobada esta ley cualquier alcalde puede cerrar cualquier
parroquia por no disponer de licencia para realizar actividades
religiosas. En Cataluña no se podrá abrir ninguna otra parroquia si el
poder político no lo quiere. Más aún el poder político puede cerrar
todas las parroquias que quiera no dándoles o no renovándoles la
licencia. Pero las implicaciones no acaban aquí.

Si una parroquia quiere tener licencia o quiere mantenerla o quiere renovarla el
párroco no tendrá más remedio que someterse a las directrices
ideológicas y morales señaladas por el poder político.

Pero aún más hay más, esta ley implica que la simple reunión en la
calle, en un parque o en el campo para cantar canciones religiosas o
para rezar o para realizar romerías o procesiones es un delito si no
se dispone de la pertinente licencia para realizar esa actividad
religiosa.

El anteproyecto de ley establece que para que un ayuntamiento permita
una actividad religiosa el ayuntamiento tendrá en cuenta el criterio
de 'proporcionalidad con la población del término municipal'. ¿Qué
significa esto? Que no se darán licencias o que se quitarán licencias
en municipios que no tengan un segmento significativo de fieles con
respecto a la población de ese municipio que justifique el desempeño
de dicha actividad. Por este criterio muchísimas parroquias pueden ser
cerradas en cuanto se publique la ley en el Boletín de la Generalidad.
Incluso grandes centros de culto como el Monasterio de Montserrat y el
Monasterio de Poblet podrían ser cerrados.

¿Qué significa todo esto? Que en Cataluña la persecución abierta
contra el cristianismo y los cristianos está apunto de empezar otra
vez.
Este anteproyecto de Ley ha sido elaborado por la Dirección de Asuntos
Religiosos de la Generalidad de Cataluña, que en última instancia
depende de la vicepresidencia de Josep Lluís Carod-Rovia (de ERC),
mientras sus socios de gobierno miran para otro lado, icluido el bachiller Montilla.